Mucho ha llovido desde las primeras consultas por el derecho a decidir, que arrancaron en Arenys de Munt, hasta el «No» del consejo político de las Candidatures dʼUnitat Popular a investir a Artur Mas el pasado 3 de enero. Sí, hablamos del mismo Artur Mas de los recortes, el que fue obligado a entrar en helicóptero en la Ciutadella el día de la aprobación de la ley Ómnibus en sede parlamentaria, el discípulo de Jordi Pujol y representante político de las «400 familias» de Félix Millet. También se le puede recordar por nombrar a Felip Puig como consejero de Interior o por ser el máximo dirigente de un partido político que tiene su sede central embargada por un juez que los investiga por corruptos, entre tantas otras menudencias. ¿Cómo se llega a una situación en la que la principal formación de extrema izquierda del país acaba celebrando hasta dos asambleas de sus militantes y simpatizantes para decidir si invisten al principal representante político del capitalismo catalán? Es más, ¿cómo es posible que se llegue al momento clave de la toma de decisiones con la Esquerra Independentista totalmente dividida entre partidarios de investir a la encarnación del neopujolismo y los contrarios? Si la militancia y simpatizantes decidieron mayoritariamente en las asambleas territoriales que no querían investir a Mas, ¿por qué al final se ha acabado aceptando a un testaferro de Artur Mas como es Carles Puigdemont?

En las siguientes líneas, trazaremos algunos apuntes para intentar aclarar la situación actual del «procés» hacia la independencia de Cataluña y, especialmente, cómo está afectando a la Esquerra Independentista (EI) y a los movimientos sociales de los cuales esta forma parte.

Rasgos específicos de la Esquerra Independentista


Nos parece que históricamente, la EI ha perseguido la unidad en sí misma. Con la mirada siempre puesta en parte del movimiento abertzale en Euskal Herria, el independentismo de corte anticapitalista siempre ha intentado acabar con la atomización que sufría durante la década de los ochenta y que, a principios de los noventa, se acentuó todavía más. Los procesos de cohesión y unión de las ramas estudiantiles y juveniles de la EI desde principios del milenio han costado años y nunca fueron caminos fáciles. A pesar de que en los últimos años esta unidad se consiguió, como mínimo sobre el papel, el independentismo rupturista siempre ha mantenido una división; por un lado, el sector que defiende que la lucha por la emancipación nacional es inseparable de la lucha contra el capitalismo y que en el proceso de acumulación de fuerzas, o construcción de la unidad popular, no rechazaría las alianzas con otros sectores políticos anticapitalistas, a pesar de que no estuviesen encuadrados estrictamente en el movimiento independentista. Esta postura es la que defiende básicamente Endavant-OSAN. En contraposición a esta línea, estarían los postulados que defiende Poble Lliure, heredero directo del antiguo MDT y que goza de un apoyo importante en el Maresme y Girona. Los postulados de Poble Lliure entienden la independencia como punto de partida para un futuro cambio social. Para alcanzar esta independencia, no rechazaría establecer alianzas de carácter transversal o, dicho con más claridad, interclasista con otros sectores políticos que defendieran explícitamente la independencia. Esto también incluiría a la derecha autonomista de CDC, que de manera oportunista ha adoptado un discurso independentista durante estos últimos años. Siendo consecuente con estos postulados, Poble Lliure defendía la investidura de Artur Mas como movimiento táctico para continuar adelante con el «procés» independentista que presuntamente se está llevando a cabo. A pesar de que la EI siempre ha defendido formalmente que la emancipación social y la nacional son indisociables, la realidad es que hay quien antepone la cuestión nacional a la social y quien, por el contrario, no cree que se pueda luchar por la liberación nacional si no va vinculada a una liberación social y de género.

El «procesismo»


Si echamos un vistazo al pasado más inmediato y observamos con frialdad los acontecimientos que han marcado el presunto proceso hacia la independencia, veremos que más allá de las grandes demostraciones de fuerza en forma de manifestaciones, jornadas que han movilizado a millones de personas como el 9N y escaladas verbales por parte de políticos de la Generalitat y de Madrid, el camino hacia la independencia no ha ido más allá del simbolismo. No sólo no ha traspasado el ámbito gestual, sino que en la esfera política ha supuesto una degradación constante de los postulados clásicos del independentismo rupturista y se ha acabado imponiendo un relato controlado por Convergència y ERC y sus satélites de la AMI, la ANC y Òmnium. Cada vez queda más lejos el concepto de Països Catalans, se busca el reconocimiento de la futura República Catalana en la Unión Europea y todavía no queda muy claro qué hará esta «Catalunya independent» con la deuda que arrastra con las entidades financieras desde que el rescate de los bancos pasó a ser deuda de las administraciones y que es una de las piedras de toque angular de la ofensiva neoliberal que tiene como coartada la crisis económica. A pesar de que el discurso de la EI se ha mantenido, su práctica se ha visto alterada dependiendo de las circunstancias. Desde la entrada de la CUP en el Parlament autonómico, la EI ha realizado una parte de este viaje junto con fuerzas socialdemócratas como ICV-EUiA y ERC, y con la derecha autonomista de CiU y, desde hace pocos meses, con CDC en solitario. El «Sí crítico» a la declaración parlamentaria en favor del derecho a decidir, la participación en el sucedáneo de consulta del 9N y el apoyo casi acrítico a las diferentes «vías» organizadas por la ANC y Òmnium Cultural por parte de la EI, y en especial de sus representantes parlamentarios, han acabado adobando una situación de la que se infiere que la lucha por la independencia debe hacerse de la mano de la derecha autonomista sí o sí, y que la «transversalidad» es imprescindible para llevar a cabo este proceso. Todo esto al mismo tiempo que los representantes políticos de la burguesía catalana han intentado posponer el proceso con elecciones anticipadas que sólo buscaban la perpetuación de Convergència Democràtica como garante de una independencia
 que se retrasa sine die, a la vez que se mantiene el rodillo de la austeridad económica.

Ni Mas, ni marzo: Puigdemont en enero

Es la imposición del posibilismo «procesista» y electoral, junto con los mejores resultados en las urnas nunca conseguidos por la CUP, lo que ha acabado creando un debate totalmente parcial que ha acabado arrastrando a toda la EI; además del esfuerzo organizativo que supuso la celebración de asambleas internas para decidir una postura y que amenaza con partirla por la mitad. Frente a la disyuntiva «Mas sí» o «Mas no», se ha perdido por el camino la noción de que Artur Mas, más allá de ser un político concreto que simboliza la ofensiva neoliberal y la corrupción inherente al capitalismo pujolista, no deja de ser una pieza (principal, eso sí) de un artefacto electoral de derechas, que representa la dominación capitalista local y que tapa sus vergüenzas con reivindicaciones nacionales que no está dispuesta a defender en el terreno práctico.

Militantes y simpatizantes que participaron en las asambleas territoriales decidieron no investir a Mas. Una decisión de agradecer en su momento, aunque sólo fuera por la humillación pública a que sometió a Mas durante unas semanas. El problema de esta decisión para la CUP era que dejaba la puerta abierta a otros posibles candidatos de Junts pel Sí y por esa puerta se coló el convergente Carles Puigdemont, alcalde de Girona y diputado de Junts pel Sí. Y por esa misma puerta se han colado también otras condiciones políticas que convierten al grupo parlamentario de la CUP en un satélite del grupo parlamentario de Junts pel Sí. El 9 de enero, el día en que Artur Mas presentaba el acuerdo de investidura del entonces alcalde de Girona como President, retornaba con creces la humillación que la CUP le había proferido sólo unos días antes. La única contrapartida clara que extrae la CUP de este acuerdo es la no investidura de Artur Mas. Una victoria pírrica, teniendo en cuenta que la formación independentista garantiza la estabilidad parlamentaria a la coalición encabezada por Convergència y predetermina toda su acción parlamentaria durante los 18 meses que debe durar la legislatura en la que supuestamente se declarará la República Catalana, siempre y cuando Convergència no encuentre alguna otra excusa para postergar el proceso. La CUP se come un sapo de grandes dimensiones y entra de lleno a la realpolitik en la que somete el proyecto de emancipación social a la «buena voluntad» de la burguesía catalana, por el bien del «procés». No se trata sólo de cuestionar la individualidad, sino toda la estructura y los intereses sociales, o mejor dicho antisociales, que subyacen y que no representan, ni representarán jamás, ningún tipo de escenario transformador.

Asumir toda la responsabilidad sobre la formación del gobierno autonómico, muy especialmente cuando durante toda la campaña electoral se repitió por activa y por pasiva que nunca se investiría a Mas queda muy lejos de representar el rol «de altavoz de los movimientos sociales» en el Parlament. Se ha demostrado así hasta qué punto el mantenimiento de la unidad entre las diversas facciones de la EI se ha hecho sobre el mínimo común denominador de la concesión hacia las posturas que han priorizado la conservación de un proceso independentista incierto y etéreo dirigido por élites ajenas a las clases populares y trabajadoras. Una unidad que, por cierto, ha quedado seriamente tocada. A pesar de todo, si la unidad no se promueve para favorecer la lucha y el combate, para bien poco vale. El acuerdo de investidura sólo se lo traga el sector de la EI que ha defendido no separar nunca, ni posponer, las reivindicaciones sociales de las nacionales. Poble Lliure siempre defendió la vía de colaborar con ERC y CDC para integrar a las clases medias y a un sector de la burguesía en la defensa de la independencia.

¿Y ahora qué?


La vía muerta del «procesismo» y el electoralismo que ha seguido la EI no sólo ha mostrado a la práctica sus limitaciones, sino que ha revelado el peligro de abducción. El proceso de «ruptura con España» amenaza más la integridad de la EI que la del Estado español si continúa siguiendo los pasos de los representantes del capitalismo catalán. La lógica parlamentaria e interclasista del «procés» ha ido demasiado lejos. Lo que comenzó como coincidencia en los objetivos sobre la independencia amenaza seriamente con la abducción de la CUP por parte de Junts pel Sí. De momento, ya es un hecho que la CUP pasa de ser un partido de oposición que cedía regularmente su plataforma parlamentaria a ciertas luchas y movimientos sociales a directamente garantizar la gobernabilidad de un ejecutivo de derechas y neoliberal, además de ofrecer la cabeza de dos de sus diputados para pagar el «agravio» causado por el retraso en llegar a un acuerdo, e integrar dos de los 10 diputados de la CUP en la dinámica del grupo parlamentario de Junts pel Sí en temas de soberanía y dejar colgada la concreción del «plan de choque» contra la pobreza y que había sido una de las condiciones previas «no negociables» para sentarse a discutir la investidura. Frente a la opción de saltar en marcha de un tren que no lleva a ningún sitio, con las consecuencias que eso supone, se ha optado por continuar a cualquier precio, esperando que, quizás al final, llegue algún tipo de compensación. Una decisión que quizá mantenga viva la organización pero que poco tiene de rupturista.

Más allá de la decisión, tampoco las formas han supuesto un avance en la creación de poder popular. La política debe ser el debate público en el que todas participemos y no debe basarse en debates y negociaciones a puerta cerrada. Las estructuras representativas tienen que subyugarse al control de la base popular y no ser determinadas por procedimientos, sino manipuladores, sí bastante opacos. La democracia tiene sentido si es sinónimo de poder del pueblo y no del poder de los políticos profesionales. Nuestra posición es que Parlament y democracia son incompatibles, como también lo son democracia y capitalismo.
No somos ingenuas y entendemos perfectamente la necesidad de cierto grado de delegación política para el funcionamiento de la sociedad. No obstante esta delegación no debe ser el mísero espectáculo que hemos contemplado durante los últimos días. De hecho, la política institucional y parlamentaria acaban siempre en este tipo de espectáculos.

Fuera y contra el Parlament, fuera y contra el Estado, ahora más que nunca es necesario volver a la calle a mantener frentes como la lucha por una vivienda digna y contra el patriarcado, y activar el frente laboral marcado por la precariedad acelerada por las últimas contrarreformas, y por un cierto abandono por parte de los movimientos sociales; es necesario profundizar el trabajo en pueblos y barrios para afrontar —mediante el apoyo mutuo y el feminismo— las necesidades cotidianas de forma colectiva y crear un pueblo fuerte, autoorganizado. La lucha para decidir sobre nuestras vidas está en el puesto de trabajo y en la cola del paro, está en el barrio y en la escuela, está en la PAH y en el Correscales de las trabajadoras subcontratadas de Telefónica, está en el boicot al Corte Inglés en solidaridad con las huelguistas represaliadas, está con las manteras y con el resto de compañeras represaliadas por luchar, está con las que defienden el territorio y se enfrentan a aquellos que lo tratan como una mercancía especulativa. Frente a este panorama, creemos que es hora ya de dejar de perder energías y tiempo en la vía parlamentaria. Tanto las que participan de forma activa en candidaturas como las que, desde afuera, a menudo dejamos que nuestro centro de atención en el ámbito político sea invadido por formas que nos son ajenas y por una estrategia que se está demostrando errónea. Para romper con esta dinámica es imprescindible abrir y reforzar espacios de debate, para crear un relato compartido, libre de dogmatismos y de tics identitarios, y, sobre todo, para ser capaces de fijar objetivos y estrategias comunes en la lucha, que sin duda habrán de sobrepasar los marcos de la legalidad y el teatro parlamentario, si queremos conquistar una vida que valga la pena ser vivida.

Por el poder popular. Por la revolución social.

Una Posición

Materiales para el combate por una vida en común

Mucho ha llovido desde las primeras consultas por el derecho a decidir, que arrancaron en Arenys de Munt, hasta el «No» del consejo político de las Candidatures dʼUnitat Popular a investir a Artur Mas el pasado 3 de enero. Sí, hablamos del mismo Artur Mas de los recortes, el que fue obligado a entrar en helicóptero en la Ciutadella el día de la aprobación de la ley Ómnibus en sede parlamentaria, el discípulo de Jordi Pujol y representante político de las «400 familias» de Félix Millet. También se le puede recordar por nombrar a Felip Puig como consejero de Interior o por ser el máximo dirigente de un partido político que tiene su sede central embargada por un juez que los investiga por corruptos, entre tantas otras menudencias. ¿Cómo se llega a una situación en la que la principal formación de extrema izquierda del país acaba celebrando hasta dos asambleas de sus militantes y simpatizantes para decidir si invisten al principal representante político del capitalismo catalán? Es más, ¿cómo es posible que se llegue al momento clave de la toma de decisiones con la Esquerra Independentista totalmente dividida entre partidarios de investir a la encarnación del neopujolismo y los contrarios? Si la militancia y simpatizantes decidieron mayoritariamente en las asambleas territoriales que no querían investir a Mas, ¿por qué al final se ha acabado aceptando a un testaferro de Artur Mas como es Carles Puigdemont?

En las siguientes líneas, trazaremos algunos apuntes para intentar aclarar la situación actual del «procés» hacia la independencia de Cataluña y, especialmente, cómo está afectando a la Esquerra Independentista (EI) y a los movimientos sociales de los cuales esta forma parte.

Rasgos específicos de la Esquerra Independentista


Nos parece que históricamente, la EI ha perseguido la unidad en sí misma. Con la mirada siempre puesta en parte del movimiento abertzale en Euskal Herria, el independentismo de corte anticapitalista siempre ha intentado acabar con la atomización que sufría durante la década de los ochenta y que, a principios de los noventa, se acentuó todavía más. Los procesos de cohesión y unión de las ramas estudiantiles y juveniles de la EI desde principios del milenio han costado años y nunca fueron caminos fáciles. A pesar de que en los últimos años esta unidad se consiguió, como mínimo sobre el papel, el independentismo rupturista siempre ha mantenido una división; por un lado, el sector que defiende que la lucha por la emancipación nacional es inseparable de la lucha contra el capitalismo y que en el proceso de acumulación de fuerzas, o construcción de la unidad popular, no rechazaría las alianzas con otros sectores políticos anticapitalistas, a pesar de que no estuviesen encuadrados estrictamente en el movimiento independentista. Esta postura es la que defiende básicamente Endavant-OSAN. En contraposición a esta línea, estarían los postulados que defiende Poble Lliure, heredero directo del antiguo MDT y que goza de un apoyo importante en el Maresme y Girona. Los postulados de Poble Lliure entienden la independencia como punto de partida para un futuro cambio social. Para alcanzar esta independencia, no rechazaría establecer alianzas de carácter transversal o, dicho con más claridad, interclasista con otros sectores políticos que defendieran explícitamente la independencia. Esto también incluiría a la derecha autonomista de CDC, que de manera oportunista ha adoptado un discurso independentista durante estos últimos años. Siendo consecuente con estos postulados, Poble Lliure defendía la investidura de Artur Mas como movimiento táctico para continuar adelante con el «procés» independentista que presuntamente se está llevando a cabo. A pesar de que la EI siempre ha defendido formalmente que la emancipación social y la nacional son indisociables, la realidad es que hay quien antepone la cuestión nacional a la social y quien, por el contrario, no cree que se pueda luchar por la liberación nacional si no va vinculada a una liberación social y de género.

El «procesismo»


Si echamos un vistazo al pasado más inmediato y observamos con frialdad los acontecimientos que han marcado el presunto proceso hacia la independencia, veremos que más allá de las grandes demostraciones de fuerza en forma de manifestaciones, jornadas que han movilizado a millones de personas como el 9N y escaladas verbales por parte de políticos de la Generalitat y de Madrid, el camino hacia la independencia no ha ido más allá del simbolismo. No sólo no ha traspasado el ámbito gestual, sino que en la esfera política ha supuesto una degradación constante de los postulados clásicos del independentismo rupturista y se ha acabado imponiendo un relato controlado por Convergència y ERC y sus satélites de la AMI, la ANC y Òmnium. Cada vez queda más lejos el concepto de Països Catalans, se busca el reconocimiento de la futura República Catalana en la Unión Europea y todavía no queda muy claro qué hará esta «Catalunya independent» con la deuda que arrastra con las entidades financieras desde que el rescate de los bancos pasó a ser deuda de las administraciones y que es una de las piedras de toque angular de la ofensiva neoliberal que tiene como coartada la crisis económica. A pesar de que el discurso de la EI se ha mantenido, su práctica se ha visto alterada dependiendo de las circunstancias. Desde la entrada de la CUP en el Parlament autonómico, la EI ha realizado una parte de este viaje junto con fuerzas socialdemócratas como ICV-EUiA y ERC, y con la derecha autonomista de CiU y, desde hace pocos meses, con CDC en solitario. El «Sí crítico» a la declaración parlamentaria en favor del derecho a decidir, la participación en el sucedáneo de consulta del 9N y el apoyo casi acrítico a las diferentes «vías» organizadas por la ANC y Òmnium Cultural por parte de la EI, y en especial de sus representantes parlamentarios, han acabado adobando una situación de la que se infiere que la lucha por la independencia debe hacerse de la mano de la derecha autonomista sí o sí, y que la «transversalidad» es imprescindible para llevar a cabo este proceso. Todo esto al mismo tiempo que los representantes políticos de la burguesía catalana han intentado posponer el proceso con elecciones anticipadas que sólo buscaban la perpetuación de Convergència Democràtica como garante de una independencia
 que se retrasa sine die, a la vez que se mantiene el rodillo de la austeridad económica.

Ni Mas, ni marzo: Puigdemont en enero

Es la imposición del posibilismo «procesista» y electoral, junto con los mejores resultados en las urnas nunca conseguidos por la CUP, lo que ha acabado creando un debate totalmente parcial que ha acabado arrastrando a toda la EI; además del esfuerzo organizativo que supuso la celebración de asambleas internas para decidir una postura y que amenaza con partirla por la mitad. Frente a la disyuntiva «Mas sí» o «Mas no», se ha perdido por el camino la noción de que Artur Mas, más allá de ser un político concreto que simboliza la ofensiva neoliberal y la corrupción inherente al capitalismo pujolista, no deja de ser una pieza (principal, eso sí) de un artefacto electoral de derechas, que representa la dominación capitalista local y que tapa sus vergüenzas con reivindicaciones nacionales que no está dispuesta a defender en el terreno práctico.

Militantes y simpatizantes que participaron en las asambleas territoriales decidieron no investir a Mas. Una decisión de agradecer en su momento, aunque sólo fuera por la humillación pública a que sometió a Mas durante unas semanas. El problema de esta decisión para la CUP era que dejaba la puerta abierta a otros posibles candidatos de Junts pel Sí y por esa puerta se coló el convergente Carles Puigdemont, alcalde de Girona y diputado de Junts pel Sí. Y por esa misma puerta se han colado también otras condiciones políticas que convierten al grupo parlamentario de la CUP en un satélite del grupo parlamentario de Junts pel Sí. El 9 de enero, el día en que Artur Mas presentaba el acuerdo de investidura del entonces alcalde de Girona como President, retornaba con creces la humillación que la CUP le había proferido sólo unos días antes. La única contrapartida clara que extrae la CUP de este acuerdo es la no investidura de Artur Mas. Una victoria pírrica, teniendo en cuenta que la formación independentista garantiza la estabilidad parlamentaria a la coalición encabezada por Convergència y predetermina toda su acción parlamentaria durante los 18 meses que debe durar la legislatura en la que supuestamente se declarará la República Catalana, siempre y cuando Convergència no encuentre alguna otra excusa para postergar el proceso. La CUP se come un sapo de grandes dimensiones y entra de lleno a la realpolitik en la que somete el proyecto de emancipación social a la «buena voluntad» de la burguesía catalana, por el bien del «procés». No se trata sólo de cuestionar la individualidad, sino toda la estructura y los intereses sociales, o mejor dicho antisociales, que subyacen y que no representan, ni representarán jamás, ningún tipo de escenario transformador.

Asumir toda la responsabilidad sobre la formación del gobierno autonómico, muy especialmente cuando durante toda la campaña electoral se repitió por activa y por pasiva que nunca se investiría a Mas queda muy lejos de representar el rol «de altavoz de los movimientos sociales» en el Parlament. Se ha demostrado así hasta qué punto el mantenimiento de la unidad entre las diversas facciones de la EI se ha hecho sobre el mínimo común denominador de la concesión hacia las posturas que han priorizado la conservación de un proceso independentista incierto y etéreo dirigido por élites ajenas a las clases populares y trabajadoras. Una unidad que, por cierto, ha quedado seriamente tocada. A pesar de todo, si la unidad no se promueve para favorecer la lucha y el combate, para bien poco vale. El acuerdo de investidura sólo se lo traga el sector de la EI que ha defendido no separar nunca, ni posponer, las reivindicaciones sociales de las nacionales. Poble Lliure siempre defendió la vía de colaborar con ERC y CDC para integrar a las clases medias y a un sector de la burguesía en la defensa de la independencia.

¿Y ahora qué?


La vía muerta del «procesismo» y el electoralismo que ha seguido la EI no sólo ha mostrado a la práctica sus limitaciones, sino que ha revelado el peligro de abducción. El proceso de «ruptura con España» amenaza más la integridad de la EI que la del Estado español si continúa siguiendo los pasos de los representantes del capitalismo catalán. La lógica parlamentaria e interclasista del «procés» ha ido demasiado lejos. Lo que comenzó como coincidencia en los objetivos sobre la independencia amenaza seriamente con la abducción de la CUP por parte de Junts pel Sí. De momento, ya es un hecho que la CUP pasa de ser un partido de oposición que cedía regularmente su plataforma parlamentaria a ciertas luchas y movimientos sociales a directamente garantizar la gobernabilidad de un ejecutivo de derechas y neoliberal, además de ofrecer la cabeza de dos de sus diputados para pagar el «agravio» causado por el retraso en llegar a un acuerdo, e integrar dos de los 10 diputados de la CUP en la dinámica del grupo parlamentario de Junts pel Sí en temas de soberanía y dejar colgada la concreción del «plan de choque» contra la pobreza y que había sido una de las condiciones previas «no negociables» para sentarse a discutir la investidura. Frente a la opción de saltar en marcha de un tren que no lleva a ningún sitio, con las consecuencias que eso supone, se ha optado por continuar a cualquier precio, esperando que, quizás al final, llegue algún tipo de compensación. Una decisión que quizá mantenga viva la organización pero que poco tiene de rupturista.

Más allá de la decisión, tampoco las formas han supuesto un avance en la creación de poder popular. La política debe ser el debate público en el que todas participemos y no debe basarse en debates y negociaciones a puerta cerrada. Las estructuras representativas tienen que subyugarse al control de la base popular y no ser determinadas por procedimientos, sino manipuladores, sí bastante opacos. La democracia tiene sentido si es sinónimo de poder del pueblo y no del poder de los políticos profesionales. Nuestra posición es que Parlament y democracia son incompatibles, como también lo son democracia y capitalismo.
No somos ingenuas y entendemos perfectamente la necesidad de cierto grado de delegación política para el funcionamiento de la sociedad. No obstante esta delegación no debe ser el mísero espectáculo que hemos contemplado durante los últimos días. De hecho, la política institucional y parlamentaria acaban siempre en este tipo de espectáculos.

Fuera y contra el Parlament, fuera y contra el Estado, ahora más que nunca es necesario volver a la calle a mantener frentes como la lucha por una vivienda digna y contra el patriarcado, y activar el frente laboral marcado por la precariedad acelerada por las últimas contrarreformas, y por un cierto abandono por parte de los movimientos sociales; es necesario profundizar el trabajo en pueblos y barrios para afrontar —mediante el apoyo mutuo y el feminismo— las necesidades cotidianas de forma colectiva y crear un pueblo fuerte, autoorganizado. La lucha para decidir sobre nuestras vidas está en el puesto de trabajo y en la cola del paro, está en el barrio y en la escuela, está en la PAH y en el Correscales de las trabajadoras subcontratadas de Telefónica, está en el boicot al Corte Inglés en solidaridad con las huelguistas represaliadas, está con las manteras y con el resto de compañeras represaliadas por luchar, está con las que defienden el territorio y se enfrentan a aquellos que lo tratan como una mercancía especulativa. Frente a este panorama, creemos que es hora ya de dejar de perder energías y tiempo en la vía parlamentaria. Tanto las que participan de forma activa en candidaturas como las que, desde afuera, a menudo dejamos que nuestro centro de atención en el ámbito político sea invadido por formas que nos son ajenas y por una estrategia que se está demostrando errónea. Para romper con esta dinámica es imprescindible abrir y reforzar espacios de debate, para crear un relato compartido, libre de dogmatismos y de tics identitarios, y, sobre todo, para ser capaces de fijar objetivos y estrategias comunes en la lucha, que sin duda habrán de sobrepasar los marcos de la legalidad y el teatro parlamentario, si queremos conquistar una vida que valga la pena ser vivida.

Por el poder popular. Por la revolución social.

Una Posición

Materiales para el combate por una vida en común