Dibuixos de Rock Blacblock

Unas expectativas de cambio, sin embargo, que, de momento, pasan por utilizar herramientas tan convencionales como el mercadeo mediático, el sistema representativo y las reglas del juego electoral, y que, de paso, darán vida y legitimidad a un sistema de partidos y a una estructura administrativa de Estado obsoleta.

Algunas personas de diferentes espacios y proyectos de los movimientos sociales de los barrios de Barcelona tememos que, lejos de convertirse en un cambio real, esta apuesta se acabe traduciendo en un simple relevo generacional de la izquierda dentro de las instituciones del Estado, enmarcado en un más amplio recambio de las élites políticas de todo el arco parlamentario. Es decir, la garantía de que todo seguirá igual.

De entrada, parece evidente que todo proceso constituyente necesita de un proceso destituyente previo. Un embate, sin embargo, en que la fuerza y la legitimidad tienen que venir necesariamente de afuera, del exterior. El Estado no puede destituirse desde adentro —algo que no ha sucedido nunca, en toda la historia contemporánea, en ningún país—, la forma «Estado» no ha rimado nunca con «autonomía».

Ahora bien, no somos miopes. El contexto de incertidumbre actual requiere una articulación más efectiva de los movimientos sociales para poder optar a convertirse en actores significativos de cara a impulsar un proceso de cambio real.

En cualquier caso, si las cosas no varían sustancialmente, todos los síntomas apuntan a que nos encontramos abocados a una segunda transición política en el marco del Estado, en la que, otra vez, el mero cambio formal volverá a conseguir evitar un cambio real. Todo ello en medio del despliegue de un proceso soberanista de resultado incierto —entre el simulacro táctico en
la pugna por el poder al Estado de las élites catalanas y la disidencia real de una amplia base social—. Un escenario político, cuando menos apasionante, en que las acciones que emprendamos los movimientos sociopolíticos de la ciudad determinarán el devenir, en el sentido de avanzar hacia una transformación social de largo alcance o, al contrario, hacia la readaptación o inauguración de un nuevo-viejo escenario que refuerce la legitimidad del actual sistema de administración de la población y perpetúe el orden social.

La tesis que se defiende en este artículo es que el germen de la apuesta electoralista es fruto de la impotencia colectiva de no haber sabido generar, en las últimas décadas, una transformación real del capitalismo desde abajo y desde los movimientos sociales de base, en la ciudad. Por eso, entendemos que la crítica tiene que ser, en primer lugar, autocrítica.

Si la apuesta electoralista parte del desencanto, nuestra postura emana de la desesperanza. Haya quien haya en la Administración, el problema de los que queremos impulsar una verdadera emancipación del capitalismo aquí y ahora es, a saber, el mismo: la fragilidad y discontinuidad actual en la articulación política más allá de la forma «partido» de los movimientos sociales antagonistas; la incapacidad de generar alternativas factibles respecto al mercado y al Estado con la creación de formas institucionales nuevas; la carencia de un proyecto común y de una visión política estratégica global; o, simplemente, la falta de continuidad o compromiso, y la autoestigmatización de algunos sectores, entre otros. Somos conscientes de que nuestro deber es, ahora mismo y mande quien mande, fortalecer la articulación política, construir espacios e infraestructuras propias, poner a trabajar la creatividad para generar proyectos económica y socialmente emancipadores, así como generalizar formas de intervención política horizontales y antagonistas.

Queremos una transformación de largo alcance que requiere tiempo y paciencia, algo que no baila precisamente en consonancia con el ritmo presentista imperante. No criticamos la apuesta electoralista para poner palos en las ruedas de aquellas y aquellos que han decidido emprender ese camino; lo hacemos para que se respete la posición de quien no quiere regalar su autonomía ni ceder la legitimidad a ninguna candidatura electoral. Simplemente, exigimos que se respete nuestra posición, que nadie esgrima nuestras luchas cotidianas como armas de propaganda electoral, que nadie saque rédito de nuestras batallas diarias en los barrios y, sobre todo, que nadie hable en nuestro nombre. La apuesta electoralista no es hegemónica dentro de los movimientos sociales, porque nosotros, efectivamente, no queremos que nadie nos represente.

La dura resaca del 15M
El punto de partida del momento actual arranca justo después de la progresiva derrota del 15M. El vertiginoso ritmo mediático hace que parezca lejano, pero hace tan sólo cuatro años y ya casi nadie se acuerda. Poco a poco, la ilusión desbordante que culminó con la eclosión del ciclo de protestas más importante de las últimas décadas se fue apaciguando al ver que la toma de las calles no se traducía en un cambio de régimen real, en un punto final al sistema político-económico, en un proceso destituyente. Quizá los síntomas de lo que vivimos hoy se entreveían ya en la dinámica de las plazas, pero también es cierto que no todo fueron derrotas y que quedó una firme huella impresa en la conciencia de muchas, un cambio de mentalidad. En cualquier caso, a medida que la posibilidad de una transformación real se desvanecía se fue generando una sensación creciente de impotencia generalizada.

¿Cuáles fueron, a grandes rasgos, las causas de la dura resaca del 15M? Una de las debilidades principales fue que no se supo ir más allá del plano simbólico. El simbolismo es importante, pero la realidad necesita de cuerpos y no de metáforas. Incluso la acción más «ofensiva» de todas, «Paremos el Parlamento», no pasó del mero gesto colectivo. Además, la ocupación de las plazas como espacios liberados tampoco supo traspasar el umbral de la misma plaza, y en vez de extenderse a los barrios, como se intentó, se disolvió en el territorio. No había alternativas políticas, económicas o culturales consolidadas con las que ensayar la revolución cotidiana en los barrios; lugares, espacios o proyectos a los que retornar después del estallido de las plazas.

Estos serían los motivos que hicieron descender la protesta y no ese supuesto techo de vidrio, como se ha interpretado desde algunas posiciones. Es cierto que, al menos en el caso de Barcelona, bastante gente se lanzó a trabajar en los barrios, en la apertura de espacios de esperanza, equipamientos públicos no estatales como Can Batlló, La Flor de Maig o ateneos cooperativos como La Base. A desarrollar la economía solidaria; a impulsar la fuerza de la marea amarilla por la educación pública; a las luchas sindicales; al crecimiento de la PAH como modelo de autoorganización de un movimiento social ejemplar —un empoderamiento de amplias capas del proletariado actual más que efectivo para hacer frente al drama de las hipotecas—; o a la defensa de los espacios conquistados como Can Vies. Pero la densidad conseguida en las plazas se fue diluyendo y, en gran medida, gradual y lentamente, mucha gente se volvió a su casa.

¡Cuuup!: se descorchó la botella
Entonces llegó la marea soberanista. La gramática y el vocabulario de la arena pública cambiaron vertiginosamente en pocos meses, pasando de «El Capital nos roba» al «España nos roba». De forma paralela a los movimientos de las élites políticas, que supieron capturar y movilizar la ilusión de grandes masas de población, se articuló la Assemblea Nacional de Catalunya, una alianza interclasista en torno al eje nacional y la autodeterminación. El conflicto de clases se eclipsó, se canalizó alrededor del sentimiento nacional y se focalizó toda la frustración en un enemigo externo común: España. Las huelgas generales virulentas se habían terminado.

La burguesía catalana, con CiU a la cabeza, respiró aliviada; podría imponer la reestructuración del capital y el programa de recortes masivos sin problemas y, al final, quizá forzar a un nuevo pacto fiscal con el Estado. Sin embargo, afortunadamente, el proceso resultó ser más complejo y hubo un factor que no pudieron capitalizar del todo: la fuerza de la gente, alimentada por la ilusión y el trabajo de base en barrios y pueblos y que, en cierta medida, consiguió desbordar este proceso. Este último elemento podría suponer —¿quién sabe?— una oportunidad para poder cambiar algo también en el ámbito social, con la articulación de ese nuevo Estado como excusa para generar procesos de transformación más amplios a golpe de movilización.

De todos modos, es evidente que del 15M al proceso soberanista el eje central vertebrador del conflicto social pasó de ser la crítica a las estructuras del capital a la cuestión de la soberanía y la creación de un Estado propio. Y este hecho no ha representado, al menos de forma directa, una confianza en que el proceso de independencia genere espacios de apertura y emancipación social. En cualquier caso, no puede negarse que el campo de fuerzas articulado en torno a la identidad nacional dificulta y no ayuda a la priorización de alternativas alrededor de la justicia social.

La marea mediática arrastró también a las CUP al Parlament. De la noche a la mañana, un proyecto municipalista de base territorial y con cierta coherencia se embarcaba en un improvisado caballo de Troya con tres diputados dentro. Una acción de propaganda encabezada por un candidato de trayectoria militante ejemplar —con votos de muchas personas de los movimientos sociales de Barcelona—, que con sus brillantes intervenciones no ha hecho más que elevar el nivel de los discursos políticos de la cámara. El fenómeno puede ser interpretado de muchas maneras, en función de la óptica empleada: para algunos, la irrupción de las CUP ha supuesto la clásica utilización de la extrema izquierda del parlamentarismo como una arma de propaganda para el crecimiento de la propia organización política. Para otros, en clave soberanista —y acertadamente desde sus parámetros—, la candidatura al Parlament fue la oportunidad de convertirse en un actor de relevancia en el proceso soberanista. Finalmente, también para algunos, las CUP supusieron la esperanza de que otro tipo de política parlamentaria fuera posible.

No obstante, lo cierto es que, al margen de la agitación propagandística, la prohibición de las pelotas de goma, la ley contra la homofobia o la comisión anticorrupción contra Pujol, la presencia de las CUP en el Parlament no ha alimentado ni fortalecido a los movimientos sociales autónomos de base. Al contrario, esgrimiendo el último argumento, en el ámbito estratégico, la irrupción de las CUP podría formar parte de una mejora sustancial, aunque parcial, de un sistema parlamentario totalmente podrido y completamente deslegitimado por una gran parte de la población; un relevo político generacional; una pequeña burbuja de oxígeno y esperanza para un parlamentarismo caduco y tocado de muerte.

Los demócratas-de-siempre se fregaron las manos. Por fin algunos de aquellos jóvenes ingobernables, que habían traído de cabeza durante más de quince años al mando social de la ciudad, entraba en el sistema de partidos y en el redil parlamentario, volviéndose más controlables, sometidos a la normativa de la institución. Pero la situación es compleja y genera dudas: ¿quizá su función de altavoz inestimable cumpla con alguna de las expectativas de aumento de la crítica social en la sociedad? Quizá sí, pero la cuestión última radica, como en todos los temas de la política y el poder, en el combate por la legitimidad y la fuente de soberanía: ¿es ahora el Parlament una institución más o menos legítima que antes? El tiempo lo dirá, aunque tenemos claro que el centro de interés de una creciente masa crítica viró ligeramente de la calle hacia el Canal Parlament. Como acción propagandística quizás haya estado bien, pero como acción política ha resultado estéril por la poca capacidad de incidencia en el cambio de las reglas del juego y en los mecanismos absorbentes y de amortiguación de la crítica que impone la burocracia parlamentaria. El caso es que, más allá de las valoraciones y para el tema que aquí nos concierne, la decisión de la izquierda independentista supuso la apertura a la apuesta electoralista en el seno de los movimientos sociales catalanes. El tapón de cava que descorchó la botella electoralista.

La generalización de la apuesta electoralista
Más allá del proceso soberanista —que merecería un artículo entero aparte—, la apuesta de la izquierda independentista abrió un horizonte posible. El sentimiento de impotencia generado después del 15M coadyuvó a la creación de un clima propicio para que algunas personas empezaran a soñar con escaños parlamentarios y lugares de decisión o responsabilidad política. La falta de una brújula colectiva provocó la desorientación general y empezaron a aparecer procesos constituyentes, candidaturas y plataformas electorales por todas partes, como tablones a los que amarrarse en medio de la tormenta.

Evidentemente, hay que discriminar entre las diferentes propuestas; cada una de ellas corresponde a colores pertenecientes a tradiciones políticas distintas. Sin embargo, a pesar de que la gramática de sus discursos es variable, todas llegan a la conclusión de que la única posibilidad de transformación implica la entrada al sistema representativo de partidos, como un complemento, claro está, a las luchas sociales. Una complementariedad que sólo es consistente en los discursos y sobre el papel, pero que no aguantará las contradicciones inherentes asociadas a la dialéctica poder versus práctica social antagonista. La dinámica de las administraciones del Estado de derecho es radicalmente incompatible con la transformación política de la sociedad, en todas sus manifestaciones, del mismo modo que la práctica social horizontal es contradictoria con la práctica del poder vertical. Además, la dinámica electoral es una maquinaria de integración: captura la posibilidad de la disidencia, fagocita la espontaneidad y la autonomía de los movimientos sociales y cambia estructuralmente la perspectiva de los actores que participan.

En general, más allá de las diferencias, podríamos remarcar que todos estos partidos comparten, en mayor o menor medida, tres elementos: a) Todos reivindican que provienen de una parte de los movimientos sociales, reclaman su cuota de representatividad y sus programas —y sacan rédito de ello—. Por eso, muchos se obstinan en aparecer sin líderes, como asamblearios, etc. b) Todos dicen representar el cambio, encarnar la nueva política y ser la opción unitaria y escogida para llevar a cabo ese cambio. Pero es evidente que generar una nueva política no quiere decir simplemente rejuvenecer la edad de los miembros de las cámaras. Además, lejos de presentar una opción frentepopulista nítida, enseguida se han visto aparecer grietas y disputas partidistas absurdas por encarnar la legítima propuesta unitaria. c) Todos tienen una gran capacidad de influencia mediática, utilizando la comunicación como arma por excelencia, flirteando con el populismo, aunque con matices, y empleando los códigos televisivos o el lenguaje proveniente del mundo del deporte.

No obstante, la característica común más trascendente, sobre todo en los casos de Podemos y Barcelona en Común, es que, más allá de representar una posible vía de relegitimación del régimen de la Transición —precisamente aquello que pretenden cuestionar formalmente—, estas opciones representan la renovación y la salida de emergencia del proyecto de la socialdemocracia. Una tendencia que ya había sido derrotada por el neoliberalismo conservador desde hacía años. Una socialdemocracia, podríamos decir, «radical», que tiene los pies en la calle y la cabeza en las urnas o en los órganos de poder, y que en última instancia prioriza la cara amable del Estado como garante de derechos y proveedor de servicios sociales, y prefiere obviar la parte estatal del castigo, del monopolio de la violencia y del pacto con el gran capital. Una socialdemocracia que aparece, una vez más, como la única opción viable y real para contener al capitalismo. Podemos, un partido de laboratorio, certificó la posibilidad en el ámbito estatal en las europeas y, ahora, hay quien pretende ganar en las municipales. Una pretensión que, por otro lado, no hace más que señalar cierta prepotencia o ingenuidad por parte de esta socialdemocracia radical, que piensa que podrá llevar al Estado por la senda de una transformación económica y social de largo alcance, despreciando la capacidad de las clases dominantes para seguir dictando el destino de su dispositivo de control y gestión por excelencia y, al mismo tiempo, subestimando a aquellos que pensamos que la única transformación real puede venir desde la base. La apuesta electoralista no sólo es un grave error estratégico, sino, y sobre todo, táctico. Los espacios hiperburocratizados de las administraciones serán una esponja que absorberá cualquier elemento de crítica y transformación y, de rebote, debilitará a los movimientos sociales con la expropiación de cuadros políticos y con un proceso de profesionalización de lo social.

No debemos pasar por alto, por ejemplo, que, al margen del fenómeno real de construcción de un nuevo sujeto político, Podemos puede ser instrumentalizado por el Partido Popular y por algunos grupos mediáticos para liquidar al PSOE y, de paso, diluir al movimiento soberanista. En cualquier caso, el «mejor» de los escenarios en el ámbito estatal —además, claro está, de una improbable victoria de Podemos—, es la sustitución del partido de la oposición, pero no del bipartidismo. Otra vez, diferentes actores en el mismo escenario.

Incluso el nuevo flamante ministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis lo reconocía en un artículo: el objetivo máximo a que pueden optar los Estados hoy en día es a intentar «salvar el capitalismo europeo de la tendencia a la autodestrucción» —como una vacuna preventiva frente al ascenso del fascismo—. De esta declaración podría extrapolarse que el propio economista griego es consciente de las limitaciones de la estrategia electoralista y de la imposibilidad estructural de ir más allá del capitalismo mediante la conquista de la soberanía estatal.

Nos encontramos en un momento histórico en el que el máximo grado de alternativa que acepta el sistema es la configuración de un Estado que intente forzar el capitalismo a distribuir sus excedentes. Y esta política de imposición de cargas sobre el capital tiene limitaciones. En un primer momento, puede suponer su fuga, con lo que no habrá cargas que cobrar. En segunda instancia, incluso, puede comportar el interés en la reproducción del producto explotado. Un ejemplo podría ser una tasa sobre el turismo que revirtiera en recursos sociales; un ayuntamiento que la aplicara, obviamente, acabaría por interesarse en el desarrollo del turismo para cobrar más tasas. Y quien dice turismo puede decir especulación, banca, seguros… Quizá se recuperaría una parte del producto social, pero el capitalismo seguiría y los beneficios continuarían privatizados en las mismas manos. ¿Que eso es mejor que un neoliberalismo a ultranza sin ningún tipo de regreso social? Probablemente sí. Pero que no nos confundan, eso no es construir una alternativa al sistema; en todo caso es alimentarlo.

Recordemos que todos los Estados del bienestar de Occidente se sostienen gracias a los desequilibrios y desigualdades socioeconómicas a escala mundial. Por no decir que existe un alto riesgo de que, a medio y largo plazo, los colonizadores de las instituciones acaben siendo los colonizados, y después los nuevos colonizadores. Y de esto la historia nos ofrece numerosos ejemplos. Como nos recuerda Tomás Ibáñez, nunca se toma el poder sino que es el poder quien nos toma.

Hay alternativas
Probablemente, la única manera de intervenir en este contexto requiera paciencia y trabajo para que los movimientos sociales se articulen políticamente. Y eso sin forzar nada, que se teja lentamente la malla de la complicidad subversiva, a partir de proyectos colectivos que incidan realmente en las comunidades y en las formas de vida del territorio. Ahora, más que nunca, hay que reinventar la política y la economía con el objetivo de ensayar nuevas instituciones que puedan someter al capital, creando geografías paralelas que consigan cortocircuitar sus cables.

El verdadero cambio nunca puede emanar de lo electoral, la impugnación al sistema debe hacerse desde afuera, ganando en la calle el combate de la legitimidad de lo social. El sistema de representación tiene que ser impugnado por la práctica de una gestión cotidiana en los barrios y pueblos, la creación de mecanismos de decisión —la tecnología lo permite— que emanen de las necesidades de los habitantes del territorio, con verdaderos consejos o asambleas de barrio, tendiendo hacia la autogestión generalizada. Una autogestión que incida en la responsabilidad comunitaria, en el respeto por el bien común y por lo público, y no precisamente en la delegación, en la representación o en los profesionales de la política.

Como decía Jesús Ibáñez, sólo hay libertad cuando existe la posibilidad de cambiar las reglas del juego, no simplemente cuando existe la posibilidad de jugar. Las herramientas de la vieja política no pueden servir para cambiarla, hay que diseñar nuevas herramientas de corresponsabilización y de autogestión colectiva de los recursos, y no sólo de participación. Si los movimientos sociales son débiles, lo que debe hacerse es trabajar para fortalecerlos hasta que se articulen políticamente. La PAH proporciona el ejemplo ideal de movimiento social autoorganizado con suficiente capacidad potencial de crítica social como para des-bordar también el ámbito de la vivienda. No dudamos que seguirá combatiendo las dramáticas consecuencias del despropósito hipotecario, pero es una lástima que algunos de sus integrantes más cualificados pierdan el tiempo en el laberinto municipal, después de la buena labor realizada.

Estamos plenamente de acuerdo con Miren Extezarreta cuando, en una entrevista de hace unos meses, afirmaba: «No hay que institucionalizarse. Creo que los partidos son cosa de otra época, que no responden a las necesidades de la sociedad actual. Me entristece que los jóvenes estén institucionalizando la resistencia. Para mí, deberían quedarse en la calle».

A nosotros también nos entristece, porque en el caso concreto de Barcelona en Común quizá mejoren la política del consistorio —a la vez que renovarán su legitimidad—, pero perderán el contacto con la base de la fuente del cambio, la gente de los barrios. Quizá ganen el Ayuntamiento, pero perderán Barcelona. ··